El Hospital El Cruce, referente en salud para gran parte del sur del conurbano bonaerense y ubicado en Florencio Varela, está en el centro de un debate nacional. La causa: el gobierno nacional evalúa transferir su gestión —junto con otros cuatro hospitales SAMIC— a operadores privados, bajo un modelo inspirado en el sistema sanitario español.
La medida se enmarca en una discusión por una deuda que el Estado nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires, estimada en unos 14,7 billones de pesos. Desde el Ejecutivo aseguran que la idea es garantizar la atención a la población más vulnerable, pero mediante un sistema de “cupos” o “cápitas”, es decir, con un límite máximo de pacientes cubiertos.
Ante este anuncio, la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FESINTRAS) declaró estado de alerta y movilización. En un comunicado, expresaron su “profunda preocupación” y rechazaron que la salud se convierta en un campo de negocios.
📣 #FESINTRAS en estado alerta: Grave preocupación ante la eventual implementación de modelos de gestión privada en los #HospitalesSAMIC
— FESINTRAS (@fesintras) January 5, 2026
❌ La salud no es un negocio!
Declaración: https://t.co/tFQIFHYzer pic.twitter.com/O9kzR1XMjN
Según el sindicato, el Hospital El Cruce —así como los demás centros SAMIC— cumple un rol esencial en la red sanitaria argentina. No solo atiende a millones de personas, sino que en muchos casos funciona como centro de alta complejidad para toda la región. Por eso, advierten que cualquier cambio en su gestión estatal podría tener consecuencias graves.
Entre las principales preocupaciones que plantean los trabajadores se encuentran:
En el caso específico del Hospital El Cruce, el sindicato denunció que el personal viene realizando acciones para visibilizar una “realidad económica crítica”. Muchos profesionales —desde médicos hasta personal de limpieza— deben complementar sus ingresos con otros empleos o emprendimientos para poder llegar a fin de mes.
FESINTRAS rechaza que la solución a la deuda nacional sea “trasladar las consecuencias a los hospitales, a sus equipos de salud ni a la comunidad”. En su lugar, exigen que el gobierno cumpla con sus obligaciones financieras y refuerce el sistema público, en lugar de desmantelarlo.
Por ahora, la propuesta sigue en estudio. Pero en Florencio Varela, y en otros municipios afectados, la incertidumbre ya moviliza a trabajadores, pacientes y vecinos que defienden al hospital como un pilar del derecho a la salud.