Repudio: el gobierno de Milei habilita llamar "idiota", "imbécil" y "débil mental" a personas con discapacidad

El gobierno liderado por Javier Milei en Argentina ha desatado una ola de indignación tras publicar un decreto que utiliza términos como "idiota", "imbécil" y "débil mental" para clasificar a las personas con discapacidad. La medida, oficializada en el Boletín Oficial, ha generado rechazo entre especialistas y organizaciones sociales, quienes denuncian que esta práctica viola acuerdos internacionales contra la discriminación.

La polémica medida

De acuerdo con el anexo del decreto, publicado el 14 de enero, se establece una categorización discriminatoria basada en edades y supuestos niveles de "retardo mental". Estas son las definiciones utilizadas:

• Idiota : Personas de 0 a 30 años.
• Imbécil : Personas de 30 a 50 años.
• Débil mental profundo : Personas de 50 a 60 años.
• Débil mental moderado : Personas de 60 a 70 años.
• Débil mental leve : Personas de 70 a 90 años.

Estos términos han sido ampliamente repudiados no solo por su carga peyorativa, sino también porque refuerzan estereotipos que atentan contra la dignidad humana.

Reacciones de especialistas y organizaciones

El doctor Julen Bollain , Doctor en Estudios sobre Desarrollo y profesor universitario, fue contundente al respecto:
"El gobierno de Milei ha decretado que la gente con discapacidad sea clasificada como 'idiota', 'imbécil' y 'débil mental'. Se ha publicado en el Boletín Oficial de la República de Argentina y viola acuerdos internacionales contra la discriminación. Es una barbaridad" , afirmó.

Por otro lado, organizaciones sociales como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) , la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Amblíopes (FAICA) , y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron su preocupación. Algunos puntos clave de su carta dirigida al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo , incluyen:

• "El lenguaje utilizado por la Administración Pública tiene impactos concretos en políticas, prácticas y culturas."
• "El uso de estos términos genera graves daños a las personas con discapacidad, sus familias y la sociedad en su conjunto."
• "Se refuerzan barreras actitudinales que atentan contra la construcción de comunidades más justas e inclusivas."

Además, señalaron que esta normativa contradice el artículo 8 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas , que tiene rango constitucional en Argentina.

El contexto: pensiones por invalidez bajo la lupa

Esta polémica surge en medio de un debate más amplio sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral. El Ministerio de Salud anunció auditorías para revisar a cerca de un millón de beneficiarios, quienes deberán validar su condición ante una junta médica. Según el gobierno, el objetivo es "reorganizar el sistema de pensiones para que se otorguen a quienes cumplen con los requisitos vigentes y que efectivamente la necesiten."

Sin embargo, las organizaciones sociales lideradas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) argumentan que esta medida está basada en una visión discriminatoria:
"No hay personas ‘inválidas’ para trabajar, sino que todas pueden hacerlo si se les proporcionan los apoyos necesarios."

También criticaron la idea de medir la incapacidad laboral, señalando que:
"Reafirma la noción de que existen personas naturalmente improductivas, en lugar de considerar que todas podrían acceder a un empleo si se implementaran medidas de accesibilidad y ajustes razonables."

Prórroga para el Certificado Único de Discapacidad (CUD)

En medio de este escándalo, el gobierno anunció una prórroga automática para los titulares del Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según la Resolución 2520/2024, todos los certificados con fecha de renovación prevista entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 recibirán una extensión hasta la misma fecha de 2026. Sin embargo, los CUD con vencimiento en 2022, 2023 o 2024 deberán renovarse durante 2025, ya que no están incluidos en la prórroga.

Este cambio busca "fomentar el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad" , según declaraciones oficiales. No obstante, la confusión generada por el uso de términos discriminatorios opaca cualquier avance positivo en materia de derechos.