El Gobierno de Milei desmantela el programa de cuidados paliativos para pacientes con cáncer

En un contexto donde el cáncer sigue siendo una de las principales causas de muerte en Argentina, el gobierno de Javier Milei ha tomado una decisión que ha generado fuertes críticas y preocupación en la comunidad médica: el desmantelamiento del Instituto Nacional del Cáncer (INC) y la eliminación del Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Esta medida afecta directamente a miles de pacientes con enfermedades terminales, quienes ahora enfrentan un futuro incierto.

Un golpe al sistema de salud

Creado en 2016, el Programa Nacional de Cuidados Paliativos era fundamental para garantizar atención integral a pacientes con cáncer avanzado, especialmente en las provincias más vulnerables. Sin embargo, las recientes decisiones del gobierno han dejado al programa sin capacidad operativa. Entre las medidas adoptadas se incluyen:

• La suspensión de la compra de opioides esenciales como morfina y metadona.
• El despido de gran parte del equipo especializado, quedando solo dos de los ocho integrantes originales.
• La eliminación de programas de formación interdisciplinaria para profesionales de la salud.

Según denuncias de la doctora Mariana Pechenik , referente del programa, estas acciones han puesto en peligro un derecho humano fundamental reconocido por la Organización Mundial de la Salud: el acceso a cuidados paliativos. "Los cuidados paliativos argentinos estamos de luto", expresó Pechenik en sus redes sociales, destacando que esta situación incrementará el sufrimiento de los pacientes y afectará gravemente la calidad de vida de quienes enfrentan enfermedades terminales.

Impacto inmediato y consecuencias graves

Las consecuencias de esta decisión son alarmantes. Algunos puntos clave incluyen:

• Falta de medicamentos : Sin la provisión de opioides, los pacientes con cáncer avanzado enfrentan un aumento significativo del sufrimiento físico.
• Escasez de especialistas : La falta de formación de nuevos profesionales agrava la ya limitada cobertura en cuidados paliativos en Argentina, donde solo el 14% de quienes los necesitan tienen acceso a ellos.
• Muertes relacionadas con la falta de medicación : Según la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), al menos 60 personas han fallecido debido a la falta de provisión de medicamentos oncológicos desde principios de 2024.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reportó que el INC sufrió una subejecución del 55% de su presupuesto en 2024. Este ajuste no solo compromete la atención actual, sino que también pone en jaque el futuro de las políticas oncológicas en el país.

Preocupación por el futuro de las políticas públicas

Organizaciones como la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos (AAMyCP) han expresado su profunda preocupación por la falta de respuestas oficiales por parte del Ministerio de Salud. Hasta el momento, el gobierno no ha desmentido las denuncias ni ofrecido un plan alternativo. Además, el desmantelamiento del programa pone en riesgo avances legislativos como la Ley de Oncopediatría (2022), que podría verse afectada por la reducción de recursos.

Marcha en defensa del sistema público de salud

Ante esta situación, trabajadores de la salud han convocado a una marcha para el próximo 27 de febrero. La manifestación busca visibilizar el descontento frente a lo que consideran un abandono por parte del Estado y exigir una reorientación de las políticas en el sector.

La marcha será una oportunidad para concientizar sobre la crisis que atraviesa el sistema público de salud y su impacto en los pacientes más vulnerables, especialmente aquellos que padecen cáncer. Los organizadores esperan que esta movilización genere presión para revertir los recortes y garantizar el acceso a tratamientos y cuidados esenciales.

Una decisión cuestionada

El desmantelamiento del INC y la eliminación del Programa Nacional de Cuidados Paliativos son vistos como parte de una serie de recortes en el sector salud que ponen en peligro la atención integral de los enfermos terminales. En un país donde el acceso a la salud es un derecho constitucional, estas medidas han generado indignación entre profesionales de la salud, familiares de pacientes y organizaciones médicas.