El Gobierno nacional del presidente Javier Milei enfrenta una nueva jornada de protestas por parte de la comunidad universitaria. La marcha federal, convocada para este miércoles, se produce en medio de un contexto de fuertes recortes presupuestarios y el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo.

Los datos oficiales revelan una caída del 33,5% en las transferencias destinadas a las universidades durante los primeros ocho meses del año, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). Esta situación ha generado una profunda preocupación en el sector académico, ya que el ajuste presupuestario se traduce en una disminución de los salarios docentes y no docentes, así como en recortes en los gastos de funcionamiento de las instituciones.

¿Cuáles son las consecuencias de estos recortes?

• Disminución del poder adquisitivo de docentes y no docentes: La pérdida del poder adquisitivo del personal universitario ha superado el 9%, según datos de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).
• Deterioro de la infraestructura y equipamiento: La falta de fondos afecta la calidad de la educación, al limitar la inversión en laboratorios, bibliotecas y otros recursos necesarios para la investigación y la enseñanza.
• Incremento de la precarización laboral: La reducción del presupuesto universitario ha llevado a un aumento de la precarización laboral, con la contratación de docentes a término y la disminución de las horas cátedra.

La Ley de Financiamiento: Una Esperanza Vetada

El Congreso había aprobado una ley que buscaba garantizar una recomposición salarial para los docentes y no docentes, así como una actualización periódica de los presupuestos universitarios en línea con la inflación. Sin embargo, el presidente Milei ha anunciado su intención de vetar esta norma, argumentando que atenta contra el equilibrio fiscal.

Las universidades rechazan las acusaciones del Gobierno y señalan que:

• El presupuesto destinado a educación superior representa un porcentaje muy bajo del gasto público.
• La ley de financiamiento no implicaría un aumento significativo del gasto público.
• Los recortes presupuestarios afectan la calidad de la educación y el futuro del país.

La marcha de este miércoles busca visibilizar la crisis que atraviesa la educación superior y exigir al Gobierno que garantice un financiamiento adecuado para las universidades.